Paulino Rivero Baute, presidente del Gobierno de Canarias y responsable máximo de la Consejería de Turismo, apuesta firmemente por el sector económico más importante del Archipiélago. Este político tinerfeño nacido en El Sauzal cumplió 60 años el pasado 11 de febrero y es la segunda legislatura que está al frente del Ejecutivo regional. Es conocedor de la importancia que tiene el comercio canario y reconoce que genera empleo estable, por lo que hay que cuidarlo, innovarlo y revitalizarlo. En la siguiente entrevista concedida a nuestra Revista ML Espacio Abierto analiza la actualidad del archipiélago.

-En diciembre de 2009 el Parlamento regional aprobó la Ley de Comercio de Canarias. ¿Cree que beneficia a las pymes o a las grandes superficies?
PR: La Ley reguladora de la Licencia Comercial aprobada en el Parlamento de Canarias tenía por objeto regular la implantación, ampliación y traslado de superficies comerciales al por menor adaptando su contenido a los nuevos criterios impuestos por la Unión Europea en la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior. El espíritu de la ley era el de garantizar el equilibrio entre los distintos modelos comerciales en Canarias, sin olvidar la necesidad de atender las variaciones de la demanda de los consumidores.  
-¿Considera que los grandes centros comerciales, las multinacionales y las franquicias pueden acabar con el comercio tradicional canario?
PR: Trabajamos para que no sea así. La transposición de la Directiva de Servicios conocida como Directiva Bolkenstein a nuestro ordenamiento jurídico, y su posible impacto sobre el sector comercial de las Islas, ha sido minimizada hasta los límites que la propia norma permitía a través de los planes especiales de grandes equipamientos comerciales. Este proceso ya en un estado muy avanzado debe culminarse aprovechando la necesidad de cumplir con lo dispuesto por nuestra propia legislación en este sector y para ordenar por primera vez la implantación de grandes equipamientos comerciales en el Archipiélago. Asimismo trabajamos para que nuestro sector comercial sea reconocido en el exterior de las islas e identificado con determinados estándares de calidad.

-¿Está a favor o en contra de la liberalización de horarios comerciales?
PR: La realidad insular es diferente y se ha de trabajar teniendo en cuenta la situación real de todos los comerciantes de las Islas y mantener el equilibrio entre los comercios grandes y los más pequeños. No obstante, en las Islas ya hay zonas con más horas de apertura que en el régimen general por ser una comunidad turística.
-Las pymes crean el 80% del empleo ¿Cómo ayuda el Gobierno canario a los pequeños comercios de las islas para que puedan subsistir? 
PR: Desde el Gobierno de Canarias valoramos muy positivamente los datos registrados al cierre del año 2011 en torno a la actividad comercial. Es un sector que sirve como ejemplo de generación de empleo estable. Sabemos la importancia de mantener los incentivos económicos como forma de contribuir a la consolidación de este sector. Hay que mantener la actividad y las actuaciones que se vienen llevando a cabo en esta materia, como son las iniciativas en las zonas comerciales abiertas, que desde el año 2002 han podido contar con el apoyo decidido de las administraciones públicas y cuyo éxito es visible en muchísimos municipios de todo el Archipiélago. Además el Gobierno se esfuerza en el fortalecimiento de la salida al exterior del sector comercial de Canarias y la potenciación de los mercados municipales, entre otras iniciativas.
-Las zonas comerciales abiertas están obsoletas y necesitan un cambio de imagen para ser más atractivas y puedan dinamizar la economía canaria. ¿Podrían desaparecer sin subvenciones ni rehabilitaciones?
PR: Sabemos que la situación actual es muy difícil para todos. Aunque haya menos recursos esperamos que las zonas comerciales abiertas sigan con su labor. Es más, son un elemento clave para la competitividad y la óptima gestión en el ámbito del comercio urbano. Por ello desde el Gobierno de Canarias continuamos apoyando a los pequeños y medianos comerciantes. Defendemos el comercio tradicional, el cercano y próximo al vecino, pero también creemos que ha de avanzar, lograr nuevas vías para competir en un mercado globalizado y en donde el pequeño tiene que contar con herramientas para vender la diferencia, lo que le hace distinto. El Programa de Zonas Comerciales Abiertas es, sin lugar a dudas, una herramienta útil y eficaz para dinamizar y transformar importantes sectores de ciudades canarias.
-Zonas comerciales abiertas como la de Mesa y López llevan años pidiendo actuaciones urgentes por la pérdida de cuota de mercado, pero el plan director, financiado al 50% por el Gobierno canario, está paralizado por la descoordinación con cabildo y ayuntamiento. ¿Qué opina?
PR: La coordinación de las políticas comerciales entre las diferentes administraciones es fundamental y más en tiempos como los actuales. La situación económica no es sencilla y por ello trabajamos para que todos rememos en la misma dirección. En la puesta en marcha o ampliación de cualquier proyecto comercial intervienen varias administraciones desde la administración local y la insular, hasta la autonómica y la estatal. Por ello, es imprescindible coordinar las políticas desarrolladas por cada una de ellas, sobre todo en lo que a procedimientos administrativos se refiere.
-Con el ministro Soria el Gobierno canario ha tenido varios encontronazos por la falta de ayudas a las energías renovables, las prospecciones petrolíferas y el rechazo a mantener las bonificaciones aéreas. ¿Cómo lo valora?
PR: El Gobierno de Canarias no personaliza las decisiones o anuncios del Gobierno central porque entendemos que responden a las políticas de un Ejecutivo y no de personas concretas. En ese sentido,  sí debemos señalar que las tres cuestiones a las que usted hace referencia tienen una importante incidencia para Canarias, y además, en los términos en que se han planteado, una incidencia negativa en áreas muy sensibles para nuestro desarrollo económico y social como son el turismo, las energías limpias y el medio ambiente. Lo único que esperamos es que el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy atienda las demandas de Canarias.
-¿Cómo afectará a las islas el cierre patronal de Spanair? ¿Se resentirá la conectividad con Canarias y se encarecerán los pasajes?
PR: El cese de operaciones de Spanair es una pésima noticia para Canarias, en sentido estricto por el daño directo causado a viajeros y empleados, y en sentido amplio porque supone aislar al Archipiélago un poco más. La reducción de vuelos ha traído consigo no solo la escasez de billetes, sino también un encarecimiento poco defendible de los precios. Hemos instado al Gobierno central a declarar urgentemente, si el resto de compañías no cubren el hueco dejado por Spanair, la obligación de servicio público, una herramienta que nos permitirá mantener la conectividad y contener los precios.
-En Fitur usted apeló a la unidad del sector turístico en las islas. El Cabildo de Gran Canaria se desgajó de la marca Canarias. ¿Se ha equivocado Bravo de Laguna?
PR: La política del Gobierno de Canarias y de la inmensa mayoría de las instituciones del Archipiélago es clara: sólo unidos podemos ofrecer un destino lo suficientemente cohesionado, sólido, rico y diverso que nos permita competir al máximo nivel con nuestra competencia. Los datos de crecimiento turístico con esta estrategia están ahí frente a los datos del los períodos en que cada uno iba por su lado.
-¿Canarias debe participar de la nueva Ley de Costas?
PR: Sin duda alguna. Era ya una reivindicación del Gobierno que presido en la pasada legislatura y lo es, ahora aun más si cabe, tras las reformas anunciadas. No hace falta explicar la importancia de las costas para cualquier archipiélago ni el escaso conocimiento que se puede tener desde el continente de las singularidades propias de unas islas. Es absolutamente necesario que Canarias participe en la gestión de sus costas, velando por la legalidad y la protección de su territorio, pero atendiendo también a esas singularidades históricas a las que hacía referencia.
-¿Debe trazarse ya la mediana entre España y Marruecos para delimitar las aguas canarias?
PR: Por supuesto. Sin ese acuerdo imprescindible para clarificar la propiedad de las aguas entre el Archipiélago y Marruecos resulta estéril y arriesgado planificar cualquier actuación en las mismas, especialmente la explotación de recursos. Es algo que hemos exigido también a Madrid en los últimos días: la reactivación del grupo de trabajo que se puso en marcha a mediados de los noventa para establecer esa mediana y que lleva años paralizado.
-Canarias cumple con el déficit público y es de las comunidades menos endeudadas pero el sistema de financiación autonómica trata de forma desfavorable a las islas pues se llevan menos dinero que la media estatal para los servicios públicos. ¿Cuál es su exigencia a Madrid?
PR: La exigencia es directa y clara, la única posible: reivindicación  de un sistema de financiación propio porque es imprescindible que el Estado incremente su inversión en las Islas para reforzar nuestra apuesta por los servicios públicos. Nadie puede entender que una comunidad como la nuestra, alejada del continente y con graves problemas estructurales derivados de esa lejanía, con un elevado índice de paro, por ejemplo, reciba 301 euros menos por habitante que la media nacional, que es de 2.012 euros. Una pérdida de ingresos para los servicios públicos esenciales de unos 1.500 millones de euros entre los años 2009 y 2012. Es algo, como digo, incomprensible y que explica muchas de las cosas que pasan en nuestras islas. Los canarios hemos hecho un gran esfuerzo para contener el déficit y mantener los servicios esenciales, frente a otras comunidades donde ha habido mucho mayor gasto y donde se han comenzado a eliminar servicios sanitarios o educativos. El Estado debe cumplir con Canarias. Canarias pide justicia, no privilegios.
-A pesar de los recortes por la crisis, los servicios sociales deben ser prioritarios. ¿Por qué Canarias aparece en las estadísticas del Estado como una de las comunidades con menor cumplimiento de la Ley de Dependencia?
PR: Ésa es una falacia que se ha venido repitiendo desde la legislatura anterior, a pesar de que desde el Gobierno de Canarias se ha explicado ya, con datos en la mano, innumerables veces. En materia de dependencia, Canarias mantiene dos sistemas: el suyo propio en colaboración con los cabildos insulares y el que cofinancia con el Estado a través de la Ley de Dependencia. A través de los dos sistemas se atiende a más de 38.000 personas, un número similar e incluso ligeramente superior a las personas atendidas en el País Vasco, con una población absoluta similar y con un número de dependientes parecido. Sin embargo, el País Vasco aparece a la cabeza del Estado y Canarias a la cola cuando el número real es similar. A Canarias se le está juzgando únicamente por la parte estatal de la Ley, lo que no es justo ni razonable. La Ley tiene un plazo de implantación hasta el año 2015, que es cuando se prevé que Canarias unifique los dos sistemas. El Gobierno del Estado sabe y conoce esta situación perfectamente, pero no contempla en sus estadísticas oficiales esta realidad.
-¿Sigue apostando por la enseñanza y la sanidad públicas y de calidad? ¿Corren peligro actualmente? ¿Se le exigirá a Madrid la deuda histórica sanitaria con Canarias?
PR: El Gobierno de Canarias se ha fijado como principal objetivo para esta legislatura el mantenimiento de los servicios esenciales, y de hecho somos de las pocas comunidades autónomas que ha aumentado las partidas de Educación y Sanidad en los presupuestos para este año. Se trata de una apuesta decidida e irrenunciable por garantizarle a la gente que menos tiene o no tiene nada los mismos derechos y servicios que aquellos que pueden costeárselos. Es una columna básica de la cohesión social. A pesar de este objetivo y de este esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias, el Estado debe dar un paso adelante y poner en marcha las medidas necesarias para garantizar las prestaciones. Esto pasa, entre otras cosas, por la actualización del sistema de financiación del que hablábamos antes, el pago de la deuda sanitaria, planes específicos de empleo y la articulación de estrategias que incidan en la reactivación de la economía canaria y, sobre todo, del turismo, principal motor de nuestro tejido productivo.
-El turismo y el comercio están muy unidos en Canarias. ¿Apuesta por desarrollar planes donde se produzcan sinergias entre ambos sectores? ¿Cree que se podrían aprovechar los cruceros que llegan al Puerto de la Luz para que los turistas se adentren en las zonas comerciales y puedan comprar?
PR: El turismo, en Canarias, afecta a todos los ámbitos económicos. Todos los canarios, de forma directa o indirecta, dependemos de los viajeros que entran por el aeropuerto: desde el transporte (guaguas, taxis, microbuses…) hasta el sector hostelero y extrahotelero, pasando por la restauración, el sector primario, la cultura… Por tanto, el comercio es también piedra angular en todo este ‘ecosistema’. Pero necesitamos un comercio atractivo, moderno y adaptado a las exigencias del turista de hoy en día. Por eso, desde el Gobierno de Canarias estamos poniendo en marcha planes de modernización en los principales centros turísticos de las Islas que abarcan no sólo hoteles y apartamentos, sino también todo el entramado económico que hay alrededor: con una apuesta por la imagen, el servicio, la calidad, las zonas comerciales abierta… En definitiva, por la excelencia en todos los ámbitos y niveles de nuestra primera industria.